La vicesecretaria General del PSOE y portavoz del grupo municipal, María José González Peña, ha contestado a las críticas del secretario general de Ai-Pro, Manuel Erdozain, y asegura que el actual alcalde va a tener que pagar un peaje muy elevado por su pacto de gobierno con Ai-Pro, a cuyo secretario acusa de “manejar los hilos desde la sombra”.
La portavoz del PSOE le dice a erdozain que “el pueblo de Arcos no lo quiere” y que “no es concejal, no porque haya perdido unas elecciones que nunca ha ganado, sino porque el juez le envió a su casa porque no respetaba la Ley y tiene una sentencia condenatoria”.
Por otro lado, ha respondido al secretario General de Ai-Pro que, efectivamente, se ha dejado en el Ayuntamiento una deuda de 70 millones de euros que podría haber sido de 100 de no ser por la gestión del anterior equipo de Gobierno. Por ello González Peña, dentro de lo que cabe, considera “una buena noticia” que en el anterior mandato se bajara esa deuda en 30 millones.
Por otro lado, González Peña se ha referido al controvertido informe de Transparencia encargado por la Delegación municipal correspondiente a una “supuesta persona de confianza”, “como reconoció en la sesión el propio delegado del área”, Fran Pérez. La portavoz socialista cree que se ha dado un caso muy grave porque ese informe tendría que haber sido elaborado por un auditor completamente independiente, es decir, que no puede guardar relación alguna con el delegado de Transparencia. De lo contrario, se teme, se podría estar produciendo un supuesto delito de prevaricación y “un caso de juzgado de guardia” que bien se podría poner en conocimiento de la Justicia, señala González Peña. Por ello, considera que el citado informe es nulo y viene a demostrar que “Ai-Pro vuelve a las andadas”.
Por su parte, el concejal del PSOE Diego Carrera ha manifestado sus dudas respecto a la cobertura de plazas de albañiles en el Ayuntamiento, dejando caer un supuesto caso de enchufe laboral al incorporarse a un ex concejal de Ai-Pro. Carrera exige a la delegada de Personal que arroje luz sobre ese contrato.
Del mismo modo, sitúa este caso en el supuesto “peaje” que debe pagar el alcalde y apunta a “un traje a medida”. Sobre este asunto recuerda que hay concejales del periodo 2011-2015 señalados por la Justicia por su gestión en materia de personal. En definitiva, espera que esas plazas se cubran mediante el sistema de funcionarización. Por ello cree que este tipo de situaciones no hacen más que crear agravios comparativos entre la población, con una parte de ella decepcionada “por cómo se llevan los procesos laborales en el Ayuntamiento”, ha declarado.